20. La Fiscal que Miraba a los Muertos a los Ojos

 

CAPÍTULO 20

La Fiscal que Miraba a los Muertos a los Ojos

Dicen los viejos del barrio Mallorca que aquella mañana del lunes 19 de octubre de 1992, el cielo amaneció del color de las premoniciones, de ese gris plomizo que huele a pólvora antes de que se dispare el primer tiro, pero nadie —ni los pájaros que callaron sus trinos, ni los perros que aullaron sin razón a las cinco de la madrugada— pudo advertirle a Miryam Rocío Vélez Pérez que ese sería el último día en que besaría la frente de sus hijos, el último en que su voz resonaría en los pasillos del edificio La Alpujarra, el último en que su nombre sería pronunciado por bocas vivas y no por epitafios grabados en mármol frío.

Se levantó, como todas las mañanas de su vida adulta, a las seis en punto —hora sagrada de los funcionarios que desafían a la muerte con expedientes—, y fue primero al cuarto de Catalina, su niña de ojos oscuros que aún dormía con la placidez de quien no sabe que su madre investigaba a hombres capaces de borrar apellidos enteros de los registros civiles. Luego pasó a la habitación de Marby, su hijo mayor, quien a sus quince años repasaba apuntes de historia sin saber que esa mañana sería testigo de una historia que ningún cuaderno escolar registraría jamás, de esas historias que se escriben con balas y se archivan en la memoria colectiva de los sobrevivientes.

Después de apurar a los niños —porque en Medellín, en aquellos años de plomo y fuego, hasta los minutos contaban, hasta los segundos podían significar la diferencia entre llegar vivo o no llegar—, Miryam Rocío se metió a la ducha donde el agua corría con la misma indiferencia con que correría después sobre su sangre en el asfalto de la avenida norte. Veinte minutos después estaba lista, enfundada en su armadura de fiscal sin rostro, esa armadura invisible hecha de resoluciones judiciales y silencios obligatorios que pesaba más que cualquier chaleco antibalas.

A las siete de la mañana, Catalina se despidió de su madre —un beso rutinario que se convertiría en reliquia, en último sacramento— y salió escoltada por dos guardaespaldas hacia el paradero escolar. Miryam Rocío se quedó parada en el umbral, como si algo en su cuerpo de mujer paisa, de abogada doctorada en derecho y ciencias políticas, hija de Amagá —esa tierra que también parió al expresidente Belisario Betancur—, supiera que debía memorizar esa imagen de su hija alejándose, esos cinco minutos eternos que el bus escolar tardó en pasar. Cinco minutos que fueron su despedida silenciosa del mundo de los vivos.

A las siete y media hizo dos llamadas telefónicas. Una de trabajo —porque el trabajo de investigar asesinos no conoce descanso ni tregua—, y otra a su hermana para confirmar una reunión familiar esa noche, una reunión que nunca se celebraría, que quedaría suspendida en el aire como todas las cosas que los muertos dejan inconclusas: cenas sin cocinar, palabras sin decir, abrazos sin dar.

Poco antes de las ocho de la mañana bajó al garaje donde la esperaba su vehículo oficial, ese sarcófago rodante pintado de colores institucionales, y sus dos guardaespaldas, hombres entrenados para morir por ella pero que morirían con ella, y su chofer, que conducía no solo un automóvil sino los destinos entrelazados de cuatro personas que en cincuenta metros más dejarían de tener futuro. Detrás de ella bajó Marby, con sus libros bajo el brazo y su examen de historia esperándolo en el colegio, sin saber que la historia —esa perra cruel que muerde sin avisar— estaba a punto de convertirlo en protagonista involuntario de una tragedia que ningún profesor podría explicar en sus clases.

La puerta del garaje se abrió como se abren las compuertas del infierno: lentamente, rechinando, liberando hacia el mundo exterior a sus ocupantes condenados. El vehículo salió del barrio Mallorca para tomar la avenida norte que la conduciría a su oficina, o eso creían, porque en Medellín —ciudad de montañas verdes manchadas de sangre, de calles que llevan nombres de próceres pero huelen a sicariato— las rutas planeadas son apenas sugerencias que la muerte puede modificar en cualquier esquina.

Marby los siguió con la mirada, parado en la puerta de su casa como los hijos de Antígona habrían mirado partir a sus padres si Sófocles hubiera ambientado sus tragedias en el Valle de Aburrá. Eran las ocho y diez minutos de la mañana —hora precisa para los relojes, hora imprecisa para el destino— cuando cincuenta metros adelante el conductor frenó bruscamente, como frenan los animales cuando huelen al depredador. Un Toyota blanco lo cerró por delante mientras otro automóvil se atravesaba por detrás, y de esos vehículos descendieron aproximadamente quince hombres —aunque los testigos nunca se ponen de acuerdo en el número exacto, porque cuando la muerte llega en manada, ¿quién se detiene a contarla?— que portaban metralletas con la naturalidad con que otros portan maletines o paraguas.

No medió palabra. No hubo amenazas, no hubo advertencias, no hubo esa cortesía mínima que hasta los verdugos medievales concedían a sus víctimas. Simplemente comenzaron a disparar con la eficiencia de quienes cobran salarios por matar, de quienes han convertido el asesinato en oficio y la impunidad en prestación laboral. Fueron tres minutos de terror —ciento ochenta segundos que se estiraron como siglos, como eras geológicas— durante los cuales el aire de Medellín se llenó del olor dulzón de la pólvora quemada y del sonido metálico de los casquillos cayendo sobre el pavimento como monedas arrojadas a los muertos.

Dos de los sicarios se aproximaron al vehículo ya acribillado, ya convertido en colador de metal y vidrio. Con las cachas de sus metralletas apartaron los fragmentos del parabrisas —esos pedazos de vidrio que reflejaban el cielo de la mañana ahora convertidos en diamantes falsos, en espejos rotos de la violencia colombiana— y a sangre fría, con esa frialdad que hiela más que la muerte misma, accionaron de nuevo sus armas contra los cuatro ocupantes, contra esos cuatro cuerpos que ya no eran personas sino blancos, objetivos, estadísticas para los informes forenses.

Marby, que estaba condenado a no olvidar jamás esa escena dantesca —porque hay imágenes que se tatúan en la retina y permanecen ahí como castigos divinos—, comenzó a gritar con la voz rota de quien ve morir a su madre: «¡No maten a mi mamá!... ¡no la maten, por Dios!...», y corrió como un loco hacia el vehículo, pero milagrosamente —ese milagro laico que a veces ocurre en medio de las masacres— uno de los vecinos que había salido a la calle al escuchar los disparos lo cogió por los hombros y lo detuvo, salvándolo así de caer bajo la lluvia de balas, esa lluvia de plomo que en Medellín cae con más frecuencia que el agua del cielo.

Segundos después —porque la juventud es terca y el amor filial es más fuerte que el instinto de supervivencia— el muchacho logró soltarse y siguió corriendo hacia el auto, pero para entonces los sicarios ya habían dado media vuelta, ya habían abordado sus vehículos y huían velozmente por una de las calles del barrio para perderse después entre el tráfico pesado que a esa hora circulaba por la avenida norte, ese tráfico que todo lo absorbe, que todo lo olvida, que siguió fluyendo indiferente como si nada hubiera pasado, como si cuatro personas no acabaran de ser borradas del censo de los vivos.

Marby llegó hasta el vehículo con el corazón desbocado y los pulmones ardiendo. En la parte trasera encontró el cuerpo de su madre ensangrentado y mortalmente herido, pero todavía con un hilo de vida aferrándose a ella como se aferran los náufragos a los maderos flotantes. Su vida pendía literalmente de un hilo, de ese hilo invisible que los dioses griegos tejían y cortaban según su capricho, ese hilo que en Colombia cortan sicarios pagados con billetes manchados de coca. Sobre el asiento delantero estaban recostados los cuerpos sin vida de sus dos guardaespaldas —esos hombres que juraron protegerla y cumplieron hasta el último segundo— y su chofer, ese hombre anónimo cuyo nombre no aparecerá en ningún libro de historia pero que murió cumpliendo su deber de conducir a una fiscal que se atrevió a mirar a Pablo Escobar a los ojos.

Con la ayuda de tres vecinos —porque en Medellín, ciudad de sicarios pero también de santos anónimos, siempre hay alguien que ayuda a cargar a los muertos— sacaron del auto a Miryam Rocío y la subieron a un Mazda que salió disparado rumbo a un hospital. Pero el hospital quedaba lejos —todo queda lejos cuando se está muriendo— y en el trayecto, sobre las rodillas de Marby, su hijo de quince años que esa mañana había repasado apuntes de historia, Miryam Rocío Vélez Pérez murió con los ojos abiertos, mirando quién sabe qué visiones, quién sabe qué paisajes del más allá, mientras su sangre empapaba los pantalones escolares de su primogénito y se mezclaba con las lágrimas que el muchacho derramaba sin control, lágrimas que caían sobre el rostro de su madre como bendiciones tardías, como sacramentos inútiles.

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La Mujer que Desafió al Imperio

¿Quién era Miryam Rocío Vélez Pérez? Era, antes que nada, una paisa de treinta y ocho años nacida en Amagá, esa tierra del expresidente Belisario Betancur donde los hombres y las mujeres nacen con el orgullo grabado en el pecho y la terquedad corriendo por las venas como un segundo torrente sanguíneo. Abogada de la Universidad de Antioquia, doctorada en derecho y ciencias políticas, su paso por las aulas universitarias apenas había terminado hacía un par de años, después de obtener una especialización en derecho de familia, procedimiento penal e interpretación y manejo probatorio —títulos que en papel significan conocimiento pero que en la Colombia de los noventa significaban sentencias de muerte diferidas.

Su vida profesional transcurrió enteramente en tierras antioqueñas, en ese departamento de montañas abruptas y violencias aún más abruptas. Sus primeros pasos profesionales los dio como juez Primera Penal Municipal de Caucasia allá en 1975, cuando la profesión todavía no vivía marcada con el sello de la muerte, cuando un juez podía dictar sentencias sin que eso implicara dictar también su propia sentencia. Se convirtió luego en juez Penal Municipal de Medellín, estuvo a cargo de los despachos séptimo, 21 y 22 —números que para ella fueron más que cifras administrativas, fueron las coordenadas de su destino.

En enero de 1991 entró a formar parte del nuevo sistema judicial que pretendía darle mayor seguridad a los funcionarios que tenían a su cargo casos de narcotráfico bajo la modalidad de jueces sin rostro —esa invención kafkiana, esa solución desesperada de un Estado que ya no sabía cómo proteger a quienes se atrevían a impartir justicia—. Durante un año ocupó el cargo de juez de conocimiento de la dirección seccional de orden público de Medellín, y desde el primero de julio de ese año, cuando entraron a operar las fiscalías bajo el nuevo sistema judicial, se desempeñó como Fiscal Regional de Medellín, cargo que ocupaba cuando quince sicarios decidieron que su carrera había durado suficiente.

Fue una carrera corta —apenas diecisiete años de servicio, que es nada para una vida pero es una eternidad cuando se vive bajo amenaza constante—, pero en ella logró consolidarse y convertirse en una de las funcionarias más sobresalientes del Valle de Aburrá. Siempre estuvo al frente de investigaciones delicadas, de esas que sus colegas rechazaban con la excusa de tener mucho trabajo pero en realidad por tener mucho miedo. Por sus despachos pasaron numerosos casos de peso pesado —casos que pesaban como piedras de molino amarradas al cuello, casos que hundían en aguas turbias a quien se atreviera a tocarlos—. En la época de la narcoguerra en Medellín tuvo a su cargo investigaciones en las que estaban implicados miembros del cartel de Medellín, esa organización criminal que había convertido la ciudad en su feudo personal, en su territorio de impunidad.

Uno de los casos que hoy mencionan sus colegas —con esa mezcla de admiración y horror que inspiran los mártires— tiene que ver con los hermanos Galeano y Moncada, que estaban comprometidos en un caso de tráfico de drogas y que posteriormente serían asesinados por Pablo Escobar en La Catedral, esa cárcel de mentiras donde el capo vivía como rey mientras fingía ser prisionero. También manejó expedientes relacionados con las matanzas de Urabá —esa región donde la violencia política y la violencia del narcotráfico se abrazaban como amantes inseparables— y de varias masacres ocurridas en las calles de Medellín, esas masacres que los medios reportaban con números pero que eran nombres, apellidos, historias interrumpidas.

Pero quizás el expediente más difícil y complicado que llegó a sus manos fue el relacionado con el asesinato del director de El Espectador, Guillermo Cano Isaza, sobre el cual —y según fuentes de la Fiscalía Regional— pocas horas antes de morir dejó lista una resolución de acusación en contra del jefe del cartel de Medellín. Fueron más de seis meses dedicada a recolectar pruebas, a realizar indagatorias, a atar cada uno de los cabos sueltos de ese asesinato que había conmocionado al país, seis meses durante los cuales Miryam Rocío vivió con la sombra de Escobar respirándole en la nuca, con la certeza de que cada paso que daba hacia la verdad era también un paso hacia su propia tumba.

Por esta razón realizó hacía más de tres meses una indagatoria a Pablo Escobar en la cárcel de La Catedral —esa farsa arquitectónica que el Estado colombiano había construido para simular que el narcotraficante más buscado del mundo estaba preso cuando en realidad seguía siendo el amo y señor de su imperio—. La hizo después de tomar todas las medidas de seguridad para evitar que su identidad quedara al descubierto, medidas que parecían sacadas de una película de espionaje pero que eran tristemente necesarias en un país donde los sicarios cobraban por matar jueces como otros cobran por pintar casas.

Para subir a La Catedral utilizó un carro blindado con todos los vidrios polarizados que garantizaban que desde afuera nadie pudiera saber quiénes eran sus ocupantes. También tomó la precaución de no utilizar tacones ni ropa de mujer —porque hasta los detalles más insignificantes pueden delatar a quien se esconde—, y se solicitó al Ministerio de Justicia que ninguno de los funcionarios del penal, incluido el director, estuvieran cerca de ella cuando llegara a las instalaciones de la prisión.

Cuando arribó a la dirección del penal, fue escoltada por cinco guardaespaldas que cubrieron su rostro con una gran manta hasta ubicarla en el cubículo donde realizaría su trabajo. A través de un vidrio especial —ese vidrio mágico que permite ver sin ser visto, ese truco de feria que el Estado usaba para proteger a sus funcionarios— la fiscal podía observar a Escobar, pero él a ella no. Frente a él solo había un espejo donde el capo veía reflejado su propio rostro, ese rostro que había ordenado centenares de muertes y que ahora miraba su propio reflejo como Narciso miraba las aguas del estanque. La voz de la funcionaria fue distorsionada electrónicamente para que tampoco pudiera ser identificada, convertida en un sonido robótico que pronunciaba preguntas legales con acento de máquina.

Luego de cinco horas de indagatoria —cinco horas durante las cuales Miryam Rocío interrogó al hombre más peligroso de Colombia separada solo por un vidrio y una cortina de guardaespaldas— sus escoltas la cubrieron de nuevo y la llevaron en segundos hasta el carro que partió de inmediato rumbo a Medellín, rumbo a esa ciudad donde meses después la muerte la estaría esperando con quinientos proyectiles de regalo.

Pero Miryam Rocío Vélez no solo tuvo a su cargo este caso contra Pablo Escobar. Recientemente había sido designada por la Fiscalía para que se hiciera cargo de la negociación de su pena, solicitada por intermedio de los abogados del entonces preso de La Catedral —esa negociación que nunca se concretaría, que quedaría flotando en el aire como todas las negociaciones que el capo saboteó con balas—. Llevó a cabo la misma diligencia con los abogados de los hermanos Ochoa, que también habían decidido tramitar esa solicitud en desarrollo de los preceptos del nuevo Código de Procedimiento Penal, ese código que pretendía civilizar la justicia colombiana pero que chocaba contra la realidad de un país donde la ley de la selva seguía imperando sobre la ley de los códigos.

El trabajo de su último año no fue nada fácil. Por el contrario, fue una responsabilidad inmensa, una carga que habría quebrado la espalda de funcionarios menos comprometidos o más sensatos. Pero lo supo llevar bajo una premisa que, según sus compañeros de trabajo, siempre tuvo presente: discreción y seriedad. Nunca comentaba con sus colegas —y mucho menos con sus familiares— los casos que tenía en sus manos. Nadie supo hasta el día de su muerte de su delicada misión, de esa cuerda floja que caminaba diariamente entre la vida y la muerte. A pesar de todas las prevenciones que había adoptado, hacía cinco meses había recibido una serie de llamadas a su casa donde la amenazaron de muerte. Sin embargo, las amenazas no pasaron a mayores, o eso creyeron, porque en Colombia las amenazas que no se cumplen de inmediato se archivan en una gaveta mental hasta que un día, cuando menos se esperan, se materializan en una esquina, en una avenida, en cincuenta metros de distancia entre la casa y la muerte.

Esa cautela extrema de Miryam Rocío para resguardar su vida y la de sus seres queridos contrastaba con su valentía para enfrentar los casos más difíciles y peligrosos. Era una mujer de contradicciones, como lo son todos los héroes: temerosa y valiente, cautelosa y audaz, madre protectora y fiscal implacable. Esas contradicciones eran su fortaleza y su debilidad, su escudo y su talón de Aquiles.

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El Retorno del Terror

La muerte de Miryam Rocío Vélez Pérez cayó sobre Colombia como una piedra arrojada a un estanque de aguas turbias, generando ondas concéntricas de miedo que se expandieron desde Medellín hasta los confines del país. El presidente César Gaviria —ese mandatario que intentaba gobernar una nación ingobernable— la calificó como "uno de los más cobardes y repudiables crímenes contra la administración de justicia que registre la historia del país", palabras que sonaban huecas en boca de un Estado que no había sabido proteger a quien lo servía.

El Consejo Superior de la Judicatura anunció que, en solidaridad con la memoria de la fiscal asesinada y como señal de protesta contra su vil asesinato, decretaría un paro de labores judiciales en todo el país. Pero los paros, como las palabras de condena, como los minutos de silencio, no resucitan a los muertos ni detienen a los asesinos.

Sin embargo, lo que más preocupaba en esos momentos a los colombianos —del presidente para abajo, desde los ministros en sus oficinas alfombradas hasta los campesinos en sus chozas de bahareque— no era solo este sangriento golpe a la justicia sino lo que para muchos significaba el crimen del viernes: el retorno de los oscuros días de terror que había vivido el país en los años 1989 y 1990, esos años cuando Colombia parecía estar al borde del precipicio, cuando las bombas explotaban en centros comerciales y las balas segaban la vida de jueces, periodistas, políticos, policías y civiles con la regularidad con que las estaciones cambian en otros países.

Para tratar de establecer si el asesinato de la fiscal antioqueña implicaba efectivamente el inicio de una nueva pesadilla —esa pesadilla de la cual el país apenas comenzaba a despertar—, era necesario analizar quiénes podían haber sido sus autores intelectuales. Según una alta autoridad judicial que habló bajo condición de anonimato porque en Colombia hasta los funcionarios tienen miedo de que sus palabras se conviertan en su epitafio, "es difícil no pensar en el cartel de Medellín, teniendo en cuenta lo que la doctora Vélez había tenido entre manos y la forma como lo había manejado".

Las autoridades creían que podía haber una conexión directa entre el asesinato y el hecho de que la fiscal hubiera dejado lista una resolución de acusación contra Pablo Escobar en el caso del asesinato del periodista Guillermo Cano —esa resolución que fue firmada con sangre antes de que pudiera ser firmada con tinta judicial—. Algunas fuentes oficiales iban más allá en sus especulaciones —porque en Colombia especular sobre la violencia es un deporte nacional, una actividad obligatoria cuando la verdad tarda tanto en llegar— y se preguntaban si la divulgación de una carta del jefe del cartel de Medellín al director de la Dijín, coronel Luis Enrique Montenegro, escrita cinco días después de la fuga de La Catedral pero dada a conocer la semana anterior, tenía que ver con todo esto.

En dicha carta —ese documento que circulaba en fotocopias mal hechas por las oficinas gubernamentales como circulan las profecías apocalípticas— Escobar advertía sobre lo que él consideraba indicios de que los cuerpos de seguridad podrían estar preparando actos represivos contra sus seres queridos como mecanismo para seguirle la pista y acosarlo. Como le dijo a la revista una fuente de inteligencia, "está por verse si esta carta no es la manera de Escobar y sus hombres de justificar una nueva oleada terrorista, cuya primera víctima habría sido la fiscal de Medellín".

Estas mismas fuentes consideraban que la oleada terrorista podía efectivamente estar en marcha "pero no como respuesta a la supuesta persecución de sus seres queridos —agregó la misma fuente con ese cinismo que caracteriza a quienes conocen demasiado bien las entrañas del poder— sino como respuesta a los intensos operativos en el Valle de Aburrá y el Magdalena Medio que hemos realizado en las últimas semanas. Nosotros creemos que la entrega de Jorge Avendaño, alias Tato, más que el anticipo de un nuevo sometimiento de Pablo Escobar y sus hombres fue la reacción personal de este sujeto, que había perdido contacto con su jefe y sentía que le estábamos pisando los talones".

En efecto, en los últimos días las autoridades aseguraban haber intensificado los operativos de búsqueda de Escobar y sus hombres —esa búsqueda del fantasma, esa cacería del tigre que se sabe peligrosa y probablemente inútil—. De ellos destacaban un minucioso allanamiento al Hotel Poblado Plaza, varios a diversos centros comerciales tanto de Envigado como de Medellín, y la ocupación militar de una serie de fincas en el Magdalena Medio que los organismos de inteligencia creían podrían llegar a servir como refugio para los fugitivos de La Catedral. Una alta fuente gubernamental destacó que "en estos allanamientos se ha hecho un gran esfuerzo por cumplir rigurosamente con los procedimientos legales, con el fin de evitar que este proceso se desborde y pueda servir de justificación a una respuesta terrorista" —palabras que sonaban a conjuro, a intento desesperado de apaciguar a la bestia con formalidades jurídicas—.

Todo el anterior análisis, que apuntaba hacia Escobar en el caso de la fiscal Miryam Rocío Vélez y predecía la reanudación de la guerra, tenía sin embargo algunas fallas, algunas grietas por donde se colaba la duda como el agua se cuela por las rendijas de un barco que se hunde. Si, como suponían algunas autoridades, el móvil de este crimen era la resolución acusatoria contra Escobar por el proceso Cano, esto querría decir que Escobar conocía desde hacía varios días para dónde iba la fiscal en sus indagaciones. Pero las informaciones recogidas indicaban que el contenido de la resolución era auténticamente secreto, tan secreto como pueden ser las cosas en un país donde los secretos se filtran con la facilidad con que el agua se filtra por la arena.

Por otra parte, la fiscal asesinada no solo había manejado procesos contra Pablo Escobar. Algunas fuentes oficiales destacaban que también lo había hecho contra miembros del cartel de Medellín identificados con el sector de esa organización que se había distanciado de su tradicional jefe —esos disidentes, esos herejes del narcotráfico que habían decidido que Escobar era más una carga que un líder—. No existía, según esas fuentes, ninguna razón válida para descartar que estos grupos, ahora enemistados con Escobar, hubieran tenido que ver con la muerte de la fiscal y que el móvil del crimen hubiera sido doble: por una parte se vengarían de quien los estaba procesando y, por la otra, colocarían a su enemigo Escobar como primer sospechoso del crimen ante la opinión pública y las autoridades.

Pero independientemente de cuál de estas teorías pudiera llegar a resultar cierta —y en Colombia las teorías sobre crímenes políticos son tan abundantes como las versiones de la Biblia y tan confiables como los pronósticos del clima—, la realidad era que ninguna de ellas planteaba un escenario alentador. Sea quien sea el que hubiera estado detrás de ese horrible asesinato, el hecho de haber sido cometido era motivo suficiente para que los colombianos no pudieran dormir tranquilos. Si se trataba de la reanudación de una guerra terrorista que el país no había olvidado —porque hay guerras que se firman en tratados pero permanecen vivas en la memoria colectiva—, la esperanza de un nuevo sometimiento a la justicia de Escobar y sus hombres, que había venido creciendo lentamente en los últimos días como crece la hierba en los campos después de la lluvia, podía haber sido una vana ilusión.

Si, en cambio, a lo que el país estaba abocado era a que entre los numerosos enemigos de Escobar hubiera quienes estuvieran dispuestos a usar todas las armas —entre ellas la de cometer crímenes para atribuírselos a él— para impedir que una nueva entrega se produjera, el resultado en términos de violencia podía ser igualmente costoso. Y tanto en un caso como en el otro, lo sucedido querría decir que los peores días estaban por venir, que el país debía prepararse para otra temporada en el infierno, para otro capítulo de esa guerra infinita que parecía ser el destino perpetuo de Colombia.

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Las Tres Heroínas

En los círculos del poder judicial —esos círculos cerrados donde los funcionarios hablan en voz baja y miran por encima del hombro como si los sicarios pudieran estar escuchando desde las paredes— existía la convicción de que si había unas mujeres que merecían, junto con Policarpa Salavarrieta y Manuela Beltrán, pasar a la historia de Colombia como heroínas, eran las tres funcionarias judiciales que habían tomado parte en las investigaciones que señalaban a miembros del cartel de Medellín como responsables de asesinatos, masacres y atentados terroristas que sacudieron hacía algunos años al país.

Eran ellas: la que fuera juez 89 de Instrucción Criminal, Consuelo Sánchez Durán; la juez Segunda de Orden Público, Marta Lucía González; y la fiscal regional de Medellín, Miryam Rocío Vélez Pérez. Las tres tenían una cosa en común: decidieron ponerse los pantalones —literal y metafóricamente— y tomar las riendas de los procesos que se seguían en contra de los cabecillas del narcotráfico y el narcoterrorismo, en un país donde ponerse pantalones cuando se es mujer y funcionaria judicial equivale a pintarse una diana en la espalda.

Encontraron numerosas evidencias —el cheque que compró a los sicarios en el asesinato de Guillermo Cano, los testimonios de quienes se atrevieron a hablar sabiendo que hablar podía costarles la vida, los asesinatos de quienes se atrevieron a escarbar en esa olla podrida que era el narcotráfico— que sirvieron de base a las difíciles decisiones judiciales que adoptaron. Decisiones que otros jueces, otros fiscales, otros funcionarios más prudentes o más cobardes —dependiendo desde qué lado se mire— se habían negado a tomar.

Consuelo Sánchez salió del país en febrero del 88, luego de vincular en forma directa a Pablo Escobar como autor intelectual del crimen del periodista y propietario del diario El Espectador, Guillermo Cano Isaza. Llegó a Detroit, Estados Unidos, donde un grupo de setenta escoltas la vigilaban día y noche —setenta hombres armados para proteger a una mujer de un solo hombre, pero ese hombre era Pablo Escobar y su poder se multiplicaba por mil—. Las amenazas del cartel eran suficientes para que se hubieran tomado estas medidas. Sin embargo, unos meses después fue víctima de un atentado del que milagrosamente salió viva, porque ni siquiera en Estados Unidos, ni siquiera con setenta guardaespaldas, se está a salvo cuando el cartel de Medellín ha decidido que uno debe morir.

En el caso de la juez Marta Lucía González, la venganza recayó sobre su padre, Álvaro González Santana, exgobernador de Boyacá, asesinado en pleno centro de Bogotá por dos sicarios que lo acribillaron como castigo por los pecados de su hija. La hija del exmandatario, quien en ese momento ocupaba el cargo de juez segunda de orden público, tenía a su cargo las investigaciones de las masacres ocurridas en Urabá y Córdoba —esas masacres que convertían campos de cultivo en cementerios improvisados—.

El asunto pasó de castaño a oscuro —como dicen los paisas cuando las cosas se ponen realmente mal— cuando la juez consideró que había encontrado las pruebas suficientes para llamar a juicio a los jefes del cartel de Medellín. Después de llorar a su padre en la tumba, después de echar la última palada de tierra sobre el ataúd del hombre que le había dado la vida, y después de haber concluido su trabajo con la meticulosidad de quien sabe que cada palabra de una sentencia puede costar vidas, el camino que le quedó fue el exilio —ese exilio que no es destierro voluntario sino destierro obligatorio, huida disfrazada de viaje—.

El viernes 19 de octubre de 1992, las heroínas de la justicia recibieron el más duro de todos los golpes: el asesinato en Medellín de Miryam Rocío Vélez, ese asesinato que fue como un terremoto en los cimientos ya agrietados del sistema judicial colombiano. Y aunque su nombre se sumó a la larga lista de mártires de la justicia —esa lista que crece y crece sin que nadie parezca capaz de detenerla—, su muerte no fue en vano. O eso querían creer sus colegas, sus familiares, sus amigos. Porque si su muerte fue en vano, si todas esas muertes fueron en vano, entonces ¿qué sentido tiene seguir investigando, qué sentido tiene seguir juzgando, qué sentido tiene seguir creyendo en la justicia en un país donde la injusticia camina armada por las calles y la justicia termina siempre acribillada en el asiento trasero de un vehículo oficial?

Marby, su hijo, que esa mañana había repasado apuntes de historia sin saber que se convertiría en historia, creció con el peso de haber visto morir a su madre, con la carga de ser el último rostro que ella vio antes de cerrar los ojos para siempre. Y cada vez que alguien le pregunta qué recuerda de aquel día —y hay preguntas que la gente hace sin entender que son puñales que se clavan de nuevo en viejas heridas—, él responde lo mismo: "Recuerdo sus ojos mirándome en el auto, recuerdo que todavía intentaba hablar, recuerdo que apretó mi mano con una fuerza que no parecía de este mundo, y recuerdo que cuando murió, su cuerpo dejó de pesar, como si algo invisible se hubiera ido de él".

Catalina, su hija pequeña, la que se despidió de su madre a las siete de la mañana sin saber que era una despedida definitiva, creció sin madre pero con el recuerdo de una heroína. Y cuando la gente le pregunta cómo era su mamá —y siempre hay alguien que pregunta, siempre hay alguien que quiere saber cómo eran los muertos antes de ser muertos—, ella responde: "Era la mujer más valiente que he conocido, tan valiente que ni siquiera sabía que lo era".

Así terminó la historia de Miryam Rocío Vélez Pérez, fiscal sin rostro que investigaba el caso de Guillermo Cano, mujer de Amagá que se atrevió a mirar a Pablo Escobar a los ojos a través de un vidrio polarizado, madre de dos hijos que la vieron partir una mañana de octubre y nunca la vieron regresar. Su nombre quedó inscrito en la memoria colectiva de los colombianos como queda inscrito el nombre de los mártires: con letras de sangre que el tiempo no borra, con la certeza de que su sacrificio no fue inútil aunque a veces parezca que lo fue, con la esperanza de que algún día, en algún futuro todavía incierto, su muerte y las muertes de tantos otros funcionarios judiciales que cayeron bajo las balas del narcotráfico servirán para construir un país donde la justicia no tenga que esconder su rostro y donde los jueces no tengan que morir por hacer su trabajo.

Pero ese día, si es que alguna vez llega, todavía estaba —y quizás todavía esté— muy lejos. Y mientras tanto, Medellín siguió siendo Medellín, Colombia siguió siendo Colombia, y los sicarios siguieron cobrando por matar como otros cobran por pintar casas, con la diferencia de que pintar casas no borra nombres del registro de los vivos ni convierte a niños en testigos de tragedias que ningún cuaderno de historia podrá explicar jamás.

Cuentan los viejos del barrio Mallorca que a veces, en las madrugadas de octubre, cuando la niebla cubre la avenida norte, se puede ver la silueta de un vehículo oficial que sale de un garaje y avanza lentamente cincuenta metros antes de detenerse. Y cuentan también que si uno se acerca lo suficiente —aunque nadie se atreve a acercarse tanto— se puede escuchar el grito de un muchacho que clama "¡No maten a mi mamá!", un grito que se repite eternamente como se repiten las pesadillas, como se repiten las tragedias en un país donde la historia parece condenada a dar vueltas en círculos, donde los muertos no terminan de morirse y los vivos no terminan de entender por qué.