9. El Ejército de las Sombras
Capítulo 9
El Ejército de las Sombras
Dicen los viejos del barrio —esos que todavía recuerdan cuando Medellín olía a café y no a pólvora— que John Jairo Arias Tascón nació dos veces: la primera en la pobreza de las comunas altas, donde los niños aprenden a contar con balas antes que con números; la segunda el día que Pablo Escobar le puso la mano en el hombro y le dijo, con esa voz suya que parecía salir de las entrañas mismas de la tierra: «Vos serás mi sombra, Pinina, mi mano derecha cuando la izquierda esté ocupada matando».
Era Chiruza —o Pinina, como lo llamaban por esa voz chillona que contrastaba obscenamente con la frialdad de sus ojos— apenas un esqueleto vestido de niño cuando a los doce años ya raponaba en las esquinas, cuando a los catorce comandaba pandillas que se disputaban calles con nombres de santos mientras derramaban sangre con devoción de sacerdotes profanos. A los quince hizo su primera comunión de muerte: un tiro en la nuca a un tendero que debía tres mil pesos, precio justo entonces para comprar un alma en las comunas donde Dios había dejado de cobrar visitas desde hacía décadas.
Las escuelas de pistoleros en las afueras de Medellín —esas academias del infierno donde se graduaban doctores en exterminio— lo recibieron como recibe el seminario a los elegidos. Allí, entre polígonos improvisados y maniquíes acribillados, Pinina descubrió su don: ese instinto para matar que algunos tienen como otros tienen para la música o la poesía. Sus manos frágiles, casi femeninas, sostenían pistolas como si hubieran nacido soldadas a ellas. Su voz de Andrea del Boca pronunciaba sentencias de muerte con la naturalidad con que otros piden un café.
Fue por eso —por esa sangre fría que helaba hasta los huesos de sus víctimas antes de que las balas los alcanzaran— que Escobar le encomendó el primer gran magnicidio del cartel: el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla en abril de 1984, cuando la democracia colombiana descubrió que podía morir en una motocicleta conducida por un adolescente que ni siquiera sabía escribir correctamente el nombre de su víctima. Pinina contrató a Byron de Jesús Velásquez y a Iván Darío Guizao Álvarez, muchachos que aún olían a leche materna pero ya sabían a azufre, y les pagó lo que entonces valía matar a un ministro: menos que el precio de un apartamento en El Poblado, más que el valor de mil vidas en las comunas.
Vendrían después los otros nombres, esa letanía de muertos ilustres que Pinina fue acumulando como otros acumulan diplomas: Antonio Roldán Betancur, el coronel Valdemar Franklin Quintero, el procurador Carlos Mauro Hoyos, el periodista Jorge Enrique Pulido. Y las masacres colectivas, esas sinfonías de destrucción donde la muerte dejaba de tener rostro para convertirse en estadística: el edificio del DAS hecho añicos, el avión de Avianca cayendo del cielo como un ángel de metal con ciento siete pasajeros que no sabían que habían comprado boletos para el apocalipsis.
En abril de 1990, cuando Colombia ya no sabía si estaba en guerra o simplemente había olvidado qué era la paz, Pinina dirigió una oleada de ataques que dejó cientos de cadáveres tendidos en las aceras como ofrendas sangrientas a un dios enloquecido. Por entonces comandaba dos mil sicarios —dos mil muchachos que habrían podido ser estudiantes, obreros, padres de familia, pero que eligieron o fueron elegidos para ser ángeles exterminadores al servicio de un patrón que los trataba mejor que la patria que los había parido—. Era el quinto en la jerarquía del cartel, con todo el ala militar bajo su mando, pero esa primavera descubrió que en el negocio de la muerte no existen las pensiones de vejez.
El 14 de junio de 1990, en su apartamento del barrio El Poblado —ese reducto de ricos donde Pinina vivía rodeado del lujo que el narcodinero compraba al por mayor—, la Policía llegó como llega siempre: temprano, violenta, irrevocable. Estaba con su esposa y su hija de seis meses, esa criatura que jamás recordaría el rostro de su padre pero que crecería sabiendo que fue hija del hombre que manejaba la muerte como otros manejan taxi. Cayó Pinina esa mañana, y con él cayó la primera gran pieza del tablero sangriento que Escobar había montado sobre Colombia.
Pero la muerte de uno solo abre el apetito de la muerte por más.
Mario Castaño Molina, a quien llamaban El Chopo por razones que nadie recuerda ya —quizás por la rapidez con que segaba vidas, quizás porque su apellido sonaba a árbol y los árboles, se sabe, son pacientes y él no lo era—, se convirtió en el último jefe militar del cartel tras la caída de Tyson. Sanguinario como pocos, ambicioso como todos, El Chopo servía de enlace entre Escobar y ese universo paralelo de sicarios, contadores, abogados y políticos que hacía funcionar la maquinaria del narcoterrorismo con la eficiencia de una corporación multinacional dedicada al exterminio.
Comandaba numerosas bandas de pistoleros y las coordinaba con precisión de director de orquesta: aquí un atentado, allá una masacre, más allá el asesinato de tres policías antes del desayuno. Fue él quien organizó la purga interna que le costó la vida a los hermanos Galeano y Moncada, esos socios que cometieron el error de creer que en el negocio de la cocaína existían los derechos adquiridos. Los mandó matar Escobar dentro de La Catedral —esa cárcel-palacio donde el capo jugaba a ser preso mientras seguía siendo rey—, y fue El Chopo quien ejecutó la orden con el entusiasmo de un alumno aplicado que busca complacer al maestro.
Le llegó su turno el 19 de marzo de 1993, en su apartamento, cuando la Policía irrumpió y lo encontró durmiendo sin camisa, con esa vulnerabilidad obscena de los hombres que han matado tanto que ya no temen morir. Se enfrentó a los uniformados —porque en este oficio uno muere peleando o muere traicionando, no hay tercera opción— y recibió cuarenta y ocho impactos de bala. Cuarenta y ocho. Como si cada proyectil viniera a cobrar una deuda específica, como si la muerte quisiera asegurarse de que esta vez no habría resurrecciones.
Brances Alexánder Muñoz Mosquera, a quien la ciudad entera conoció como Tyson —apodo que le quedaba como anillo al dedo por su brutalidad en el ring de la vida—, era hijo de evangélicos y de un ex policía, paradoja que Colombia produce con generosidad sospechosa: hijos de la ley que se convierten en su némesis, hijos de Dios que bautizan con pólvora. En 1988 se convirtió en hombre de confianza de Escobar a través de su hermano, alias La Quica, y desde entonces su nombre quedó escrito con sangre en el libro negro de la historia nacional.
Fue Tyson quien dirigió el grupo de hombres que en diciembre de 1989 dinamitó el cuartel general del DAS, convirtiendo el edificio en una montaña de escombros y carne humana. Fue él quien puso dos carros bomba en los barrios Quirigua y Niza, donde la clase media desayunaba sin saber que el desayuno podía explotar. Fue él quien voló el avión de Avianca con ciento siete pasajeros que subieron creyendo que iban a Cali y terminaron desperdigados por el cielo como semillas macabras.
A su organización se le adjudicaban cuarenta policías muertos en Medellín durante 1990 —año en que los uniformados aprendieron que vestir el azul de la ley equivalía a pintarse una diana en la espalda— y la matanza de la hacienda Los Cocos, en Candelaria, donde diecinueve personas que solo querían ver un partido de fútbol aficionado descubrieron que en Colombia hasta los domingos pueden ser letales.
Lo alcanzó la muerte el 28 de octubre de 1992, cuando la Policía ingresó con explosivos a la vivienda donde se hallaba en compañía de dos mujeres. Logró hacer dos ráfagas con una subametralladora MP5 antes de caer abatido por dieciocho impactos de bala. Se le sindicaban al menos setecientos homicidios, número que parece imposible hasta que uno recuerda que en el negocio de matar al por mayor, las cifras dejan de ser números para convertirse en abstracciones, en estadísticas que los periódicos publican junto al pronóstico del clima.
Su hermano, Dan Denys Muñoz Mosquera, alias La Quica, era señalado como jefe del ala terrorista del cartel en conjunto con Tyson. El 2 de agosto de 1988 había protagonizado una fuga espectacular de la cárcel de Bellavista, en Bello, porque en Colombia las cárceles son sitios de los que se entra y se sale con la facilidad con que otros entran y salen de hoteles. Manejaba ciento cuarenta sicarios —ciento cuarenta muchachos que habrían podido tener futuro si el futuro no fuera un lujo que las comunas no pueden pagar— y estaba acusado de dirigir el asesinato de medio centenar de policías y la colocación de una decena de carros bomba.
Lo capturó el Ejército el 7 de enero de 1991 en la zona rural de San Rafael, al oriente de Antioquia, pero se fugó de La Modelo en abril del mismo año —porque las cárceles colombianas tienen puertas giratorias para quienes saben aceitar los goznes con billetes—. Viajó luego a Estados Unidos, donde la DEA lo retuvo el 26 de septiembre de 1991 en la calle 103 de Queens, Nueva York, ciudad que debe haberle parecido un planeta distinto, un lugar donde las balas no zumbaban como mosquitos y donde la muerte llegaba por vejez y no por orden de un patrón.
Está condenado a cinco cadenas perpetuas, castigo que suena redundante —¿acaso se puede vivir más de una vida para purgar más de una cadena perpetua?— pero que expresa bien la imposibilidad de redención para ciertos actos, ciertos hombres, ciertas épocas.
John Jairo Velásquez Vásquez, a quien todos conocían como Popeye —apodo que evocaba al marinero de caricatura pero que en su caso traía el sabor amargo de la ironía—, fue jefe de sicarios y hombre de máxima confianza de Escobar. Había prestado servicio militar en la Marina colombiana —porque Colombia tiene esa costumbre de entrenar a sus soldados para que luego se conviertan en sicarios mejor capacitados— y se enroló en el cartel desde 1986 como conductor y guardaespaldas.
Ascendió rápidamente en la jerarquía de la organización narcoterrorista y participó en el secuestro de Andrés Pastrana —entonces candidato a la alcaldía de Bogotá, después presidente, siempre hombre que supo que la política colombiana se juega entre secuestros y negociaciones— y en el asesinato del procurador Carlos Mauro Hoyos en enero de 1988. Se le acusaban además otros doscientos cincuenta asesinatos, número que Popeye mismo confirmó después con orgullo de contador que presenta balances anuales.
Tras participar en la muerte de los Galeano y los Moncada dentro de La Catedral, se fugó junto con Escobar el 22 de julio de 1992, cuando el capo decidió que ya no le gustaba jugar a ser prisionero. Finalmente se entregó a las autoridades el 9 de octubre de ese mismo año, junto a Roberto Escobar Gaviria y Otoniel de Jesús González Franco, alias Otto, porque en el ajedrez del narcotráfico a veces conviene rendirse para seguir jugando desde otro tablero.
Luis Carlos Alzate Urquijo, conocido como Arete —hijastro de Roberto Escobar y por tanto parte de esa aristocracia del crimen que el cartel había creado—, estaba vinculado a las acciones terroristas contra el DAS y al atentado del teatro Liolí, dirigido a una patrulla del Cuerpo Élite. Se convirtió en prioridad del Bloque de Búsqueda tras el carro bomba que estalló el 21 de enero de 1993 en la calle 72 con carrera séptima, en el norte de Bogotá, hecho que dejó la capital temblando y a los bogotanos preguntándose si Medellín había decidido exportar su guerra.
Tras perder a dos de sus hombres más importantes —Leonardo Rivera, alias Leo, y Carlos Mario Ossa Salazar, El Canoso—, se entregó el 17 de febrero de 1993. Declaró ser el autor material del atentado al avión de Avianca ocurrido en noviembre de 1989, confesión que hizo con la tranquilidad de quien admite haber olvidado pagar una cuenta de servicios públicos.
John Jairo Posada Valencia, alias Tití —apodo diminuto para hombre que fue doble de Escobar y que por tanto compartía no solo su rostro sino su destino—, era responsable del asesinato del coronel Valdemar Franklin Quintero el 18 de agosto de 1989 y de la oleada terrorista de noviembre-diciembre de 1992 que dejó setenta policías y nueve civiles muertos en Medellín.
Lo detuvieron el 30 de diciembre de 1992 cuando se encontraba con sus familiares en un apartamento del conjunto Bloques de Alejandría, en El Poblado. Al momento de su captura le decomisaron siete subametralladoras, dos mini Uzi, dos fusiles —entre ellos un R-15 y uno Auge— y dos escopetas. Arsenal suficiente para librar una pequeña guerra, o para sobrevivir un día más en la guerra grande que Medellín había decidido hacerse a sí misma.
Otoniel de Jesús González Franco, alias Otto, lugarteniente de El Patrón, dirigía una banda de sicarios con eficiencia de gerente de empresa. Se sometió por primera vez a la justicia el 19 de junio de 1991, junto con Escobar, pero fue uno de los ocho hombres que acompañaron al capo en su fuga de La Catedral el 22 de julio de 1992. Se sometió por segunda vez el 9 de octubre del mismo año, en compañía de Roberto Escobar y Popeye, porque en Colombia uno se puede entregar cuantas veces quiera mientras tenga buenos abogados y mejores contactos.
Liberado en 2001 tras pagar ocho años de prisión —precio módico por tantos muertos—, fue asesinado en febrero de 2002. Porque en este negocio las deudas nunca prescriben y los jubilados no existen: uno se retira cuando la muerte viene a cobrar la pensión definitiva.
¿Acaso no es notable que todos estos hombres —sicarios, lugartenientes, jefes de escolta, comandantes del terror— provinieran de los mismos barrios donde las madres aún colgaban la ropa en tendederos improvisados y los niños jugaban fútbol con pelotas de trapo? ¿Acaso no es obsceno que la geografía de la muerte fuera la misma geografía de la pobreza, que las comunas altas de Medellín produjeran asesinos con la misma generosidad con que otras regiones producen ingenieros o poetas?
Era, se sabe ahora, una ecuación simple pero brutal: pobreza más abandono del Estado más presencia del narcotráfico igual a ejércitos de muchachos dispuestos a matar por el precio de unos tenis de marca. Escobar no inventó la violencia de Medellín —la violencia ya estaba allí, enquistada en las laderas, germinando en las esquinas sin luz, fermentándose en los rencores acumulados—; simplemente la organizó, la financió, la convirtió en empresa.
Y los muchachos respondieron al llamado porque ¿qué otra cosa podían hacer? ¿Estudiar en escuelas que no tenían pupitres? ¿Trabajar en fábricas que habían cerrado? ¿Soñar con futuros que Colombia no fabricaba para los pobres? Mejor morir joven y con plata en el bolsillo, pensaban, que morir viejo y con hambre en el estómago. Mejor ser alguien por cinco años que ser nadie por cincuenta. Y así, con esa lógica implacable de quien no tiene nada que perder porque nunca tuvo nada, se enrolaron en el ejército de las sombras, se convirtieron en estadísticas de muerte, en nombres que los periódicos escribían mal, en fantasmas que sus propias madres preferían olvidar.
Hernán Darío Henao, conocido simplemente como HH —siglas que sonaban a marca de lujo pero que en realidad eran iniciales de horror—, era primo de María Victoria Henao, esposa de Escobar, y por tanto parte de esa familia extendida donde el parentesco se medía en lealtades y traiciones. Jefe de seguridad del cartel, confidente y principal asesor del capo, HH se encargó de financiar entre 1984 y 1988 las autodefensas del Magdalena Medio, poniendo esas organizaciones paramilitares al servicio de Escobar y de José Gonzalo Rodríguez Gacha, El Mexicano, para mantener abierto el cordón umbilical que unía Cundinamarca y Antioquia.
Administró la Hacienda Nápoles —ese Versalles tropical donde Escobar guardaba hipopótamos, jirafas y dinosaurios de cemento, zoológico delirante que demostraba que el dinero de la cocaína podía comprar todo excepto buen gusto— y fue jefe de personal durante los primeros años de la guerra. En 1990, durante la Operación Cocorná II, fue capturado junto a veintisiete hombres, pero dispuso los grupos de evacuación que permitieron la fuga de Escobar y Jorge Luis Ochoa, porque HH era de esos hombres que saben sacrificar el peón para salvar al rey.
Tras la fuga de Escobar de La Catedral, HH tenía el control sobre la caja menor del jefe —esa caja que pagaba sicarios, sobornos y funerales— y sobre los sistemas de seguridad del capo. Preparaba las caletas donde Escobar se ocultaba, viviendas anónimas en barrios populares donde el hombre más buscado de Colombia vivía como un fantasma entre fantasmas.
Lo abatió la Fuerza Pública el 1 de marzo de 1993 en el barrio Laureles de Medellín, tras un tiroteo que se prolongó varios minutos y que dejó las paredes del barrio decoradas con agujeros de bala como si fueran lunares macabros.
Johnny Rivera Acosta, alias El Palomo —comandante del ala terrorista, experto francotirador, hombre de confianza—, se entregó el 28 de junio de 1991 pero escapó de La Catedral el 22 de julio de 1992 junto a su patrón. Se refugió primero en Manizales, después en Medellín e Itagüí, pero el Bloque de Búsqueda lo localizó a las 2:30 de la mañana del 27 de noviembre de 1992.
Doscientos uniformados apoyados por helicópteros artillados de la Fuerza Élite y dos blindados participaron en la operación que duró casi media hora. El Palomo y sus dos escoltas murieron en el tiroteo. Se le acusaba de haber pagado más de cien millones de pesos por el asesinato de treinta y ocho agentes de la Policía en Medellín, en represalia por la muerte de Tyson, y de haber sido responsable del ataque con carro bomba cerca de la plaza de toros La Macarena en febrero de 1991.
Juan Carlos Ospina Álvarez, alias Enchufe —jefe de sicarios, activador de carros bomba, hombre que conectaba la orden con la ejecución—, estaba vinculado al secuestro de Andrés Pastrana en 1988, a la muerte del capitán Fernando Posada Hoyos en diciembre de 1992 y al asesinato del periodista Jorge Enrique Pulido. Murió el 12 de enero de 1993 en un operativo del Bloque de Búsqueda, junto a Byron Arcila Valdés, porque en esta guerra los muertos casi siempre mueren en parejas, como si la muerte tuviera pudor de llegar sola.
Víctor Giovanni Granada, conocido como La Modelo o El Zarco —sicario y segundo hombre de Arete—, participó en el secuestro y asesinato de varios jefes del cartel por orden expresa de Escobar, entre ellos miembros de las familias Moncada y Galeano y Walter Elkin Estrada, guardaespaldas de estos últimos. Lo abatió la Policía el 16 de enero de 1993, cuando se enfrentó a veinte uniformados tras bajarse de un Renault 6 azul en la calle 44 con carrera 65 en Medellín.
David Ricardo Prisco Lopera, alias Richard, jefe de la banda antioqueña de Los Priscos, pertenecía a una familia de sicarios con una particular devoción religiosa: con el dinero de sus primeros crímenes mandaron levantar una estatua de la Virgen del Carmen en su vieja casa del barrio Aranjuez, porque en Colombia los asesinos rezan y los santos bendicen sin hacer preguntas.
Capturado en Pereira en 1980, tras recuperar su libertad fue reclutado por Escobar e incorporó más de trescientos hombres para secuestros, atentados terroristas y asesinatos. Estaba vinculado a los magnicidios del ministro Rodrigo Lara Bonilla, del director de El Espectador Guillermo Cano Isaza, del magistrado Hernando Baquero Borda, del juez Tulio Manuel Castro Gil, del procurador Carlos Mauro Hoyos, del gobernador Antonio Roldán Betancur, del coronel Valdemar Franklin Quintero y del coronel Jaime Ramírez Gómez.
La Policía Élite lo alcanzó el 22 de enero de 1991 en una mansión del barrio Conquistadores, al occidente de Medellín. Cerca de cien uniformados acordonaron la casa y se enfrentaron a Richard y a su primo Vidal de Jesús Osorio Valencia. Ambos murieron. Su muerte provocó una respuesta de Los Extraditables que asesinaron en represalia a Marina Montoya pocos días después, porque en esta guerra cada muerto genera otro muerto en cadena infinita, como espejos enfrentados que multiplican la imagen hasta el vértigo.
Su hermano, Armando Alberto Prisco Lopera, segundo al mando de la organización, cayó el mismo día en un operativo del Cuerpo Élite en la vereda Cabecera, de Llano Grande, municipio de Rionegro. Murió junto a sus escoltas Rodolfo de Jesús Rivas y Héctor Darío Molina Pérez, porque los hermanos Prisco habían jurado permanecer juntos hasta la muerte y la muerte decidió tomarlos por la palabra.
José Rodolfo Prisco Lopera, segundo cabecilla de Los Priscos tras la muerte de su hermano Eneas, alias El Negro, muerto en 1986 en el barrio Campo Valdés, fue eliminado el 31 de julio de 1987 por el DAS en Bogotá, cerrando así un capítulo de esa saga familiar donde todos los hermanos compartían el mismo oficio y el mismo destino.
Jaime Eduardo Rueda Rocha, natural de Yacopí, militó primero en las FARC antes de desertar para convertirse en jefe de un grupo de sicarios conocidos como Los Negritos. Conoció a Gonzalo Rodríguez Gacha y entró a su servicio. Fue enviado al Magdalena Medio para recibir entrenamiento del mercenario israelí Yair Klein, porque en Colombia hasta los asesinos tienen instructores internacionales.
En 1989, El Mexicano le encomendó dirigir el asesinato de Luis Carlos Galán. Con setenta hombres bajo su mando, se infiltró en la manifestación política del 18 de agosto en Soacha y con una ametralladora Mini Atlanta 380 segó personalmente la vida del candidato a la presidencia disparándole una ráfaga por debajo del chaleco antibalas.
La Policía lo capturó el 20 de septiembre de 1989, un mes después del atentado, junto a otros tres hombres. Se fugó de la penitenciaría La Picota el 18 de septiembre de 1990 y huyó al Magdalena Medio, donde armó su propio grupo paramilitar con ciento cincuenta hombres. En marzo de 1992 asesinó, desmembró y arrojó al río Magdalena al alcalde de Puerto Boyacá, Gustavo Londoño, y a las cuatro personas que lo acompañaban.
Lo sorprendió el GOES en el restaurante La Variante, a dos kilómetros de Honda, a las 5:30 de la mañana del 23 de abril de 1992. Rueda Rocha y sus seis escoltas abrieron fuego, desatando un tiroteo que duró media hora. Al final, el asesino de Galán cayó abatido a quince metros de la mesa donde estaba sentado, cuando intentaba saltar una alambrada y huir. También murieron todos sus guardaespaldas y un policía.
Jorge Enrique Velásquez, alias El Navegante, natural de Buenaventura y propietario de una modesta compañía naviera en Cartagena, se convirtió en hombre de confianza de Rodríguez Gacha a través del envío de cargamentos de droga al exterior y la importación de armas para sus ejércitos paramilitares. Traicionó a su jefe y reveló a la Policía el paradero del legendario narcotraficante en la costa caribe. Tras la muerte de su antiguo jefe fue perseguido por el cartel de Medellín y Escobar puso precio a su cabeza. Finalmente se refugió en Estados Unidos, porque en Colombia las traiciones se pagan con sangre pero allá se perdonan con visas.
Luis Fernando Zabala Álvarez, ingeniero eléctrico convertido en explosivista del cartel, era el artista que armaba las bombas con precisión de relojero. Tras la muerte de Escobar pasó al ELN asesorándolo en dicha materia, hasta ser capturado y asesinado por Carlos Castaño, porque en Colombia los técnicos de la muerte cambian de empleador pero nunca de oficio.
José Heber Rueda Silva, medio hermano de Jaime Eduardo Rueda Rocha, fue sindicado como uno de los autores materiales del asesinato de Galán. También aparecía comprometido en el atentado contra el general Miguel Maza Márquez, en el asesinato del dirigente sindical Teófilo Forero y en el atentado contra El Espectador. Fue asesinado el 21 de junio de 1992 en la cárcel Modelo de Bogotá, porque ni siquiera las cárceles son refugio seguro cuando el apellido que uno lleva es una sentencia de muerte.
Leonardo Rivera Rincón, alias Leo, controlaba una organización de veinte pistoleros en el barrio Buenos Aires de Medellín. Sicario del cartel y enlace de Arete con Escobar, murió el 4 de febrero de 1993 durante una acción del Cuerpo Élite.
Sergio Alfonso Ramírez Muñoz, alias El Pájaro, jefe de sicarios que operaban en el centro del país, estaba encargado de los secuestros de Maruja Pachón de Villamizar y Beatriz Villamizar de Guerrero, y del asesinato de Marina Montoya. Fue capturado el 30 de septiembre de 1992 en el edificio Mompox de Medellín, en una acción que culminó con la muerte de un sargento de la Policía.
Así fue cayendo, uno a uno, el ejército de las sombras que Pablo Escobar había construido con muchachos de las comunas y dinero de la cocaína. Cayeron en operativos policiales, en tiroteos que duraban minutos pero que contenían vidas enteras, en apartamentos de El Poblado y en casas de barrios populares, en restaurantes de carretera y en cárceles donde la justicia a veces llegaba disfrazada de venganza.
Cayeron con sus nombres de guerra —Pinina, El Chopo, Tyson, Popeye, Arete, El Palomo— y con sus rostros de muchachos que el hambre y la ambición habían convertido en máquinas de matar. Cayeron dejando deudas de sangre que Colombia todavía no termina de cobrar, dejando viudas que aún lloran en secreto, dejando hijos que crecieron sin padres o con la vergüenza de tenerlos.
Y cayeron, sobre todo, demostrando que en el negocio de la muerte no existen las jubilaciones doradas ni los retiros honorables: uno entra para siempre y solo sale cuando la Policía llega temprano en la mañana, cuando el carro bomba estalla antes de tiempo, cuando el socio decide que es mejor muerto que vivo, o cuando simplemente la suerte —esa puta caprichosa que en Colombia casi siempre está del lado de los poderosos— decide cambiar de bando.
Eran, todos ellos, el ejército que Escobar levantó para declarar la guerra a Colombia. Y eran, también, los primeros en caer cuando Colombia decidió —tarde, torpemente, pero con la rabia acumulada de años— declarar la guerra al ejército de Escobar.
Cuentan los sobrevivientes de aquellos años —esos pocos que lograron salir vivos del cartel, esos que cumplieron condenas y aprendieron oficios honestos en la cárcel, esos que traicionaron a tiempo o se escondieron lo suficientemente bien— que soñaban todas las noches con los muertos. Que Pinina se les aparecía con su voz chillona pidiendo explicaciones. Que Tyson los visitaba preguntando por qué él sí cayó y ellos no. Que los hermanos Prisco rezaban rosarios al revés en sus pesadillas.
Y quizás era cierto, quizás los muertos del cartel nunca terminaron de morirse del todo. Quizás siguen allí, en las comunas altas de Medellín, en las esquinas donde aprendieron a matar, en los bares donde celebraron sus primeros crímenes, en los apartamentos de El Poblado donde cayeron acribillados. Quizás Colombia entera es un país habitado por fantasmas que no saben que están muertos, por sicarios que siguen cobrando deudas desde el otro lado, por lugartenientes que aún esperan órdenes de un patrón que lleva décadas pudriéndose en un cementerio.
Porque esa es la verdad que nadie quiere admitir pero que todos conocen: en Colombia los muertos no se van, se quedan. Se quedan en la memoria, en las esquinas, en los hijos que heredan sus apellidos malditos, en las viudas que aún guardan sus fotografías, en los barrios que siguen produciendo muchachos dispuestos a morir por dinero.
Se quedan, sobre todo, en la certeza terrible de que mientras exista la pobreza en las comunas y el dinero en el narcotráfico, mientras el Estado siga llegando solo con uniformes y nunca con escuelas, mientras Colombia siga fabricando muchachos sin futuro, habrá siempre un nuevo Pinina, un nuevo Tyson, un nuevo Chopo. Habrá siempre un ejército de las sombras esperando su turno para salir a matar y a morir, en ese orden o en el orden inverso, que al final da lo mismo.
Habrá siempre, se sabe, nuevos nombres para la lista interminable de muertos que este país produce con la generosidad obscena de una fábrica que nunca cierra, de una guerra que nunca termina, de una historia que se repite porque nadie aprendió la lección o porque la lección era tan simple que resultaba imposible de aprender: que los muchachos de las comunas necesitaban escuelas, no pistolas; futuro, no plata rápida; razones para vivir, no excusas para morir.
Pero esa lección llegó tarde, como llegan tarde todas las lecciones en Colombia. Llegó cuando Pinina, Tyson, El Chopo y todos los demás ya estaban muertos. Llegó cuando el ejército de las sombras había dejado miles de cadáveres regados por el país como semillas malditas. Llegó cuando ya no había forma de resucitar a los muertos ni de devolverles a los vivos la inocencia perdida.
Llegó tarde, como llega siempre la justicia en este país: cuando ya no sirve para nada excepto para escribir crónicas, para contar historias, para tratar de entender —sin lograrlo nunca del todo— cómo fue que Colombia se convirtió en una fábrica de asesinos adolescentes, en un cementerio de muchachos que podrían haber sido otras cosas pero decidieron o fueron obligados a ser sicarios.
Y ahora solo quedan sus nombres —Pinina, Tyson, El Chopo, Popeye, Arete, El Palomo, Enchufe, La Quica, HH, Otto, El Pájaro, Los Priscos— escritos en lápidas que nadie visita, en expedientes judiciales que nadie lee, en la memoria colectiva de un país que preferiría olvidar pero que no puede, porque los fantasmas no se olvidan, los muertos no perdonan, y las deudas de sangre se heredan de generación en generación como se hereda el apellido o el color de los ojos.
Solo quedan sus nombres, y la certeza terrible de que otros vendrán después a ocupar su lugar, porque en Colombia la muerte nunca se jubila, los sicarios nunca se acaban, y el ejército de las sombras siempre está reclutando.
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