10. El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla

 

El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla

Los «enemigos agazapados de la paz»

Fue en aquel abril de las balas que olían a cocaína, cuando las calles de Bogotá amanecieron con el cuerpo de Rodrigo Lara Bonilla desangrándose sobre el asfalto como un augurio que nadie quiso leer a tiempo, que la tregua firmada apenas treinta días antes entre el Gobierno y las FARC-EP comenzó a pudrirse desde adentro, tal como le había profetizado aquella vieja que vendía periódicos en la esquina de la Carrera Séptima y que todos tomaban por loca hasta que sus predicciones comenzaron a cumplirse con una precisión que espantaba a los estadísticos del poder.

Era el treinta de abril de 1984 —fecha que habría de grabarse en la memoria colectiva como se graban las maldiciones en las lápidas— cuando los sicarios del narcotráfico, esos ángeles exterminadores montados en motocicletas japonesas, descargaron sus ametralladoras contra el ministro de Justicia, y con ese estruendo metálico no solo asesinaron a un hombre sino que degollaron la paz antes de que ésta hubiera aprendido siquiera a caminar. Dicen los que sobrevivieron a aquellos años de plomo y pólvora que el país entero tembló esa noche, no con el temblor de los terremotos que anuncian las montañas sino con ese otro temblor más profundo y aciago, el de las naciones que presienten su propio naufragio.

El Estado —esa entidad abstracta y burocrática que se creía inmortal— declaró estado de sitio con la premura de quien se descubre súbitamente vulnerable, y en ese decreto cabían todos los miedos acumulados durante décadas de violencias superpuestas: la violencia partidista que aún no terminaba de enterrar a sus muertos, la violencia guerrillera que prometía la revolución desde las montañas, y ahora esta nueva violencia narcotraficante que compraba conciencias con billetes manchados de sangre y que no creía en nada excepto en su propio poder de fuego. Lara Bonilla, ese abogado delgado y obstinado que había cometido el error imperdonable de desafiar a Pablo Escobar en el Congreso mismo, pagó con su vida la osadía de nombrar lo innombrable, de señalar con el dedo a los capos cuando todos los demás bajaban la mirada.

Porque hay que decirlo sin rodeos ni eufemismos: aquel asesinato no fue solo el crimen de un ministro —la historia latinoamericana está repleta de ministros asesinados que nadie recuerda— sino el anuncio de una guerra que habría de prolongarse durante años con una ferocidad que ni los novelistas más pesimistas habrían imaginado. Se abrieron ese día dos frentes de batalla que convirtieron a Colombia en un laberinto de espejos rotos donde la diferencia entre el bien y el mal se volvió tan borrosa como la línea que separa al victimario de la víctima: por un lado, Pablo Escobar y su Cartel de Medellín, esos nuevos ricos del narcotráfico que construían haciendas con zoológicos privados y hipopótamos importados mientras degollaban a sus enemigos con una frialdad que helaba la sangre; por el otro, un sector del Estado que decidió responder a la barbarie con su propia barbarie, creando escuadrones de la muerte, financiando paramilitares, torturando en sótanos secretos, manchándose las manos con la misma mierda que decía combatir.

¿Acaso no es ésta la tragedia perpetua de estas tierras nuestras, donde cada intento de paz termina ahogado en su propia sangre, donde cada esperanza es asesinada antes del alba? Los viejos del Centro —esos que se sentaban en los cafés a recordar cuando Bogotá era una ciudad apacible donde los poetas podían caminar de noche sin miedo a las balas— cuentan que después de la muerte de Lara Bonilla el país entero enloqueció, que los asesinatos se multiplicaron como una plaga bíblica, que los jueces comenzaron a renunciar en masa porque sabían que cada sentencia contra un narcotraficante era una sentencia de muerte contra ellos mismos y sus familias.

Y mientras tanto, en las montañas del Urabá y el Caquetá, los guerrilleros de las FARC-EP observaban con una mezcla de asombro y cinismo cómo la guerra que ellos habían declarado al Estado era ahora una guerra de tres, de cuatro, de infinitas cabezas, una hidra que crecía con cada muerto y que devoraba a sus propios hijos con el apetito insaciable de las revoluciones traicionadas. La tregua firmada un mes antes —ese documento firmado con tinta que ya olía a sangre— se convirtió en papel mojado, en promesa incumplida, en uno más de esos tantos intentos fallidos de paz que pueblan la historia colombiana como lápidas en un cementerio infinito.

Porque la paz, en estas tierras de violencia endémica y circular, nunca ha sido más que un intervalo entre masacres, un suspiro entre degüellos, una pausa que el poder concede solo para afinar mejor sus cuchillos. Y Rodrigo Lara Bonilla, ese hombre que creyó ingenuamente que la ley podía vencer al dinero del narcotráfico, se convirtió en mártir no de la justicia sino de la imposibilidad de la justicia, en símbolo no de la lucha contra el mal sino de la certeza de que el mal siempre gana, siempre ha ganado, siempre ganará en este país donde la muerte es la única ciudadana con todos sus derechos garantizados.

"Y aquella vieja que vendía periódicos en la Carrera Séptima jamás volvió a profetizar nada, porque después de la muerte de Lara Bonilla ya no hacía falta: el futuro se había convertido en un presente eterno de violencia, y Colombia entera se había transformado en esa motocicleta asesina que no deja de acelerar hacia el abismo, con todos nosotros montados de pasajeros, incapaces de saltar, incapaces de gritar, incapaces de hacer otra cosa que esperar el inevitable impacto."